La normativa electoral establece claramente que los funcionarios públicos que deseen postularse deben apartarse de sus cargos para evitar ventajas indebidas y garantizar un proceso equitativo. Sin embargo, el mandatario continúa ejerciendo su rol presidencial mientras lleva a cabo actividades proselitistas, desatando acusaciones de abuso de poder y falta de respeto a las leyes.  

Organizaciones y expertos han alertado sobre el posible uso de recursos públicos para beneficiar la campaña de Noboa. Desde vehículos oficiales hasta la movilización de personal, las denuncias apuntan a un evidente conflicto de intereses que mina la legitimidad del proceso electoral.  

“El incumplimiento de esta norma es una burla al Estado de Derecho y una falta de respeto al pueblo ecuatoriano. No podemos permitir que las leyes se interpreten a conveniencia del poder”, afirmaron críticos de la situación.  

El gobierno ha intentado justificar la decisión de Noboa argumentando que, al haber asumido el cargo en una elección anticipada, la norma de licencia sin sueldo no sería aplicable. Sin embargo, esta interpretación ha sido rechazada por múltiples sectores, que consideran que el mandatario está manipulando las leyes en su beneficio.  

Además, Noboa emitió un decreto ejecutivo para designar a una nueva vicemandataria, evitando que su vicepresidenta electa, Verónica Abad, asuma el cargo temporalmente. Esta acción ha sido calificada como un intento descarado de concentrar el poder y deslegitimar el proceso democrático.  

El Consejo Nacional Electoral, que debería garantizar el cumplimiento de las normas, ha mantenido un silencio alarmante. A pesar de que previamente se reconoció la obligatoriedad de la licencia, la falta de acción ha dejado un vacío que pone en riesgo la transparencia del proceso.  

Con la campaña electoral en curso y la falta de sanciones claras, la conducta del presidente Noboa se presenta como un ejemplo preocupante de cómo el poder puede manipular las instituciones y socavar la confianza en la democracia.  

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La campaña de González comenzó en el coliseo de Calderón, al norte de Quito, con un evento multitudinario que contó con la presencia de figuras clave de su movimiento, como Paola Cabezas. González reafirmó su compromiso con las políticas sociales que definieron al correísmo y cuestionó las promesas del gobierno actual. 

“Es momento de recuperar el rumbo, con propuestas claras que beneficien a todos los ecuatorianos, no solo a unos pocos”, señaló en su discurso inaugural. En Guayaquil, una caravana liderada por González recorrió sectores populares, consolidando su presencia en una de las provincias clave del país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un total de 4.463 candidaturas para este proceso, que incluye elecciones para la Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino. El CNE también estableció normas estrictas, como límites de gasto y prohibiciones en propaganda que incite a la violencia o discriminación. 

El calendario electoral incluye simulacros el 19 y 26 de enero, mientras que el esperado debate presidencial tendrá lugar el 19 de enero. 

Luisa González enfrenta un escenario polarizado, pero sus propuestas sociales buscan resonar con un electorado que sigue enfrentando desafíos económicos y sociales. “No podemos permitir que la desigualdad y la inseguridad sigan creciendo bajo la indiferencia del poder actual”, expresó en sus intervenciones.

Con un panorama político marcado por tensiones, González se perfila como una de las principales figuras para liderar un cambio en Ecuador.

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“Noboa en campaña prometió solucionar el problema eléctrico en nueve meses, asegurando tener un acuerdo con Israel para gestionar el agua. ¡Todo un charlatán de feria!”, expresó Correa a través de su cuenta en la red social X. El exmandatario se refirió al reciente adelanto de apagones, los cuales, según el gobierno, son consecuencia de la escasez de precipitaciones que afectan a las hidroeléctricas del país.

Correa reconoció que el estiaje y la falta de mantenimiento en las redes no son directamente culpa de Noboa, pero sí criticó la falta de preparación del presidente. “En 10 meses no hizo lo obvio”, sostuvo, recordando que se aprobó una ley denominada «No más apagones», que él considera privatizadora e ineficaz.

El exmandatario también señaló que durante su administración Ecuador llegó a ser el quinto país del mundo en seguridad energética, un logro que atribuyó al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente encarcelado, según Correa, por motivos políticos.

Si bien Correa reconoció la necesidad de colaboración para superar la crisis, fue enfático en señalar que el gobierno actual no tomó las medidas preventivas necesarias para evitar el agravamiento de la situación. “La causa de la crisis energética no es el estiaje, sino los malos gobiernos”, concluyó.

Por su parte, el gobierno de Noboa atribuye la crisis a la sequía prolongada, la falta de mantenimiento en las redes, el aumento del consumo y la corrupción en el sector eléctrico.

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«Con un generador NO PRENDE. La planta necesitaría su propia central eléctrica», enfatizó el alcalde, cuestionando la información técnica del gobierno. Álvarez destacó que La Toma produce 1,2 millones de metros cúbicos de agua al día, superando ampliamente la capacidad de una planta embotelladora convencional.

El alcalde también llamó a una mayor coordinación entre el gobierno central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), señalando la dependencia de estos últimos en los ingresos asignados por el gobierno, muchas veces retrasados. “No se puede ser irresponsable deslindando responsabilidades. Hay que hacerse cargo”, concluyó Álvarez, pidiendo un trabajo conjunto para enfrentar la crisis.

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El experto también alertó sobre la antigüedad de las redes de transmisión y la falta de inversión en mantenimiento, lo que eleva el riesgo de apagones. Aunque el plan de incorporar 341 MW adicionales para finales de año es positivo, Secaira subrayó que no es suficiente para compensar el déficit energético de 1.080 MW que enfrenta el país. La dependencia de energía importada de Colombia agrava la situación, aumentando la vulnerabilidad del sistema si no se toman medidas urgentes en gestión y planificación energética.

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Con cinco votos a favor, el Pleno del CNE aprobó la convocatoria, anunciando que 13.7 millones de votantes están habilitados para participar. El CNE realizará el llamado oficial en cadena nacional el 12 de septiembre.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, instó a los candidatos a llevar adelante una campaña electoral enmarcada en la integridad y el respeto. La campaña se desarrollará entre el 5 de enero y el 6 de febrero de 2025, seguido por el periodo de silencio electoral.

Hasta el momento, 16 binomios presidenciales buscan inscribirse, incluyendo al actual presidente Daniel Noboa, del Movimiento ADN, quién buscará la reelección, y a Luisa González, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana.

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El juicio, impulsado por la asambleísta correísta Gissela Garzón, buscaba destapar la «incompetencia y corrupción» de Salazar, según la bancada de RC5. Pero lo que se prometía como un proceso justo, se transformó en una farsa dirigida por una nueva mayoría oficialista, que, con irónicas sonrisas, archivó el juicio sin importar los argumentos presentados.

La oposición, especialmente el correísmo, calificó la maniobra como un intento descarado de proteger a una fiscal que, aseguran, actúa como el brazo ejecutor del poder en las sombras. Pamela Aguirre, legisladora de RC5, señaló que aunque este juicio fue archivado, la solicitud presentada por Héctor Valladares sigue en pie, manteniendo viva la lucha por desenmascarar a Salazar.

La indignación se sintió no solo en la Asamblea, sino también en redes sociales, donde el hashtag #DianaSalazarNoTieneLímites se convirtió en tendencia. Las acusaciones de chantaje, manipulación y tráfico de influencias contra los legisladores oficialistas no tardaron en aparecer, con denuncias de que muchos de ellos temen ser expuestos por la fiscal.

Con la figura de Luis Alvarado Campi presidiendo la bochornosa sesión, quedó claro que el oficialismo haría todo lo posible por proteger a Salazar, mientras la oposición promete seguir su cruzada por revelar lo que consideran «el verdadero rostro de la corrupción» en Ecuador. Aunque este capítulo se cerró, la lucha continúa, y el control del poder judicial será el nuevo escenario de esta batalla.

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La transferencia de la gestión de centrales hidroeléctricas al sector privado emerge como una opción para aliviar la carga financiera sobre el Estado y asegurar una gestión más eficiente. Este enfoque permitiría liberar recursos públicos que podrían ser redirigidos hacia la modernización de la infraestructura y la inclusión de nuevas tecnologías. Sin embargo, la falta de mantenimiento en plantas y sistemas de transmisión existentes amenaza la estabilidad del suministro eléctrico.

En este contexto, la colaboración con el sector privado no implica perder el control estatal sobre los recursos estratégicos, sino una oportunidad para optimizar la administración. Contratos bien estructurados, con supervisión adecuada, asegurarían que se cumplan los objetivos de desarrollo y seguridad energética.

La combinación de esfuerzos públicos y privados es esencial para cumplir con las metas del Plan Maestro y garantizar un sistema eléctrico moderno, estable y beneficioso para el crecimiento económico y la calidad de vida en Ecuador.

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Durante años, la Cooperativa Janeth Toral enfrentó graves problemas debido a la falta de acceso a agua potable. Esta deficiencia no solo comprometía la salud de los residentes, exponiéndolos a enfermedades transmitidas por agua contaminada, sino que también limitaba el desarrollo económico de la comunidad. La carencia de agua afectaba la capacidad de los habitantes para realizar actividades básicas y esenciales, como la agricultura y el mantenimiento de sus hogares, contribuyendo a un estancamiento en la calidad de vida y en la prosperidad económica local.

Una Transformación Veloz

Desde la elección de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil, se han logrado avances significativos en la región. En el transcurso de un año, la administración actual ha regularizado 11,000 predios en Ciudad de Dios, lo que ha permitido a muchos residentes obtener seguridad legal sobre sus propiedades y acceder a servicios básicos.

La implementación de una red de agua potable ha sido uno de los logros más destacados. Este suministro no solo proporciona una fuente confiable de agua limpia, sino que también promete mejorar la salud de los residentes al reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Además, la disponibilidad de agua potable tiene el potencial de estimular la economía local al permitir a los residentes y negocios realizar actividades que antes estaban limitadas por la falta de este recurso vital.
Mejoras en Infraestructura Vial
El progreso no se detiene en la provisión de agua. Se han mejorado 70 kilómetros de vías en el noroeste de Guayaquil, un área que durante mucho tiempo enfrentó problemas de movilidad y accesibilidad. Estas mejoras en la infraestructura vial facilitan el transporte y conectividad dentro de la ciudad, promoviendo un mayor flujo económico y una mayor integración de las comunidades.
Beneficios a Largo Plazo

Los proyectos implementados por la administración de Álvarez no solo abordan problemas inmediatos, sino que también sientan las bases para un desarrollo sostenible a largo plazo. La provisión de agua potable mejorará la salud pública y proporcionará una base para el crecimiento económico. Las mejoras en la infraestructura vial facilitarán la movilidad y la conectividad, contribuyendo al bienestar general de los residentes.

Guayaquil continúa avanzando hacia un futuro más inclusivo y próspero, con proyectos que demuestran el compromiso del alcalde Aquiles Álvarez con el progreso y la dignificación de todas las comunidades. La transformación en la Cooperativa Janeth Toral es un testimonio del impacto positivo de las inversiones en infraestructura y servicios básicos en la vida de las personas.

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Patiño arribó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre el 17 de agosto, siendo recibido por numerosos partidarios, familiares y amigos. En sus primeras declaraciones, expresó una mezcla de emociones: «Estoy feliz por estar otra vez en mi Patria. Segundo, tengo indignación y rebeldía porque han destruido al Ecuador,» comentó el dirigente, destacando su esperanza de que «unidos, podemos recuperar el país.»

La trayectoria de Patiño es significativa en la política ecuatoriana. Durante el gobierno de Rafael Correa, desempeñó roles clave como Ministro de Economía, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Defensa. Su participación en el gobierno ha sido notable por sus aportes en la gestión económica y política.

En 2019, Patiño optó por el autoexilio en México motivado por su temor a la persecución política, que afectó a varios miembros del partido con acusaciones sin evidencias. A pesar de estos desafíos, su amor por Ecuador y su deseo de contribuir al bienestar del país prevalecieron.

El retorno de Patiño marca un hito en su carrera política, ya que ha decidido poner su experiencia y conocimientos al servicio de la patria en un momento crucial. Su decisión de regresar, a pesar de las dificultades y las amenazas persistentes, subraya su compromiso con el país y su voluntad de enfrentar los retos actuales.

Patiño aceptará formalmente la candidatura a la Asamblea Nacional el 19 de agosto, y ha expresado su intención de apoyar la unión de los grupos de izquierda en Ecuador, buscando un cambio en el modelo aplicado por los recientes gobiernos de derechas. Además, se alinea con las fuerzas de Revolución Ciudadana, Pachakutik, el Partido Socialista, RETO y Centro Democrático, quienes han iniciado contactos para elaborar un proyecto político común.

Este regreso no solo simboliza un nuevo capítulo en la carrera de Patiño, sino también una oportunidad para revitalizar el debate político en Ecuador y trabajar por una visión compartida de progreso y unidad.

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